Río Gallegos, Argentina – La provincia de Santa Cruz, en el extremo sur de Argentina, ha sido protagonista de una polémica decisión: la firma de un acuerdo con la empresa china Hongdong Fisheries, que permitirá que parte de la flota pesquera de larga distancia de ese país utilice puertos argentinos para reabastecimiento y descarga. Este pacto, que incluye además la construcción de infraestructura pesquera en territorio santacruceño, ha levantado olas de críticas en distintos sectores por las implicancias que podría tener en términos de depredación de recursos naturales, soberanía nacional y transparencia en las decisiones gubernamentales.
El acuerdo se cerró en el marco de un viaje oficial del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, a China, donde se buscó promover inversiones en la región. Desde la provincia, se ha defendido el vínculo con un enfoque en los supuestos beneficios económicos y tecnológicos que traerá. Según Gustavo Martínez, ministro de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, la alianza con Hongdong Fisheries incluye «modernización portuaria, generación de empleo, instalación de plantas procesadoras y un reimpulso para la economía regional». Sin embargo, detrás de este discurso optimista subyacen varios interrogantes.
El trasfondo del acuerdo
De acuerdo con los documentos divulgados hasta el momento, Hongdong Fisheries planea construir una planta industrial pesquera en Santa Cruz, lo que, según las autoridades locales, permitirá «agregar valor» a los recursos marinos capturados en la región. Además, el convenio contempla mejoras en cinco puertos provinciales, así como la construcción de astilleros con tecnología china. Estos avances, sumados a la posibilidad de que la flota pesquera de ultra distancia de China pueda operar con base en puertos santacruceños, marcan un giro estratégico en el vínculo de la provincia con el gigante asiático.
Hasta ahora, los barcos asiáticos mayoritariamente descargaban sus capturas y realizaban sus operaciones de reabastecimiento en Montevideo, Uruguay. Con este acuerdo, las embarcaciones tendrían la posibilidad de evitar ese trayecto y centralizar sus operaciones en suelo argentino, un movimiento que, según especialistas, podría facilitar un mayor control operativo por parte de China sobre una región clave como el Atlántico Sur. La zona exclusiva de pesca argentina, situada en torno a la milla 200, ha sido históricamente escenario de recurrentes denuncias de pesca ilegal, depredación de especies protegidas, y capturas indiscriminadas que no respetan temporadas o restricciones biológicas.
El punto más controvertido radica justamente en el perfil de la flota pesquera china, que operaría en los puertos santacruceños. Organismos internacionales y ONGs especializadas en conservación marina han señalado que la flota de larga distancia china, con más de 350 barcos activos en el Atlántico Sur, tiene un historial ampliamente cuestionado. Se estima que esta flota depreda anualmente recursos por valor de más de 700 millones de dólares, principalmente a partir de la pesca de calamar, aunque con frecuencia también afecta otras especies protegidas.
Críticas y advertencias desde distintos frentes
La noticia de este acuerdo ha suscitado una rápida respuesta desde sectores ambientalistas, organizaciones defensoras de los recursos naturales y actores de la política nacional, que alertan sobre los riesgos económicos, sociales y ambientales que podría acarrear. Las preocupaciones centrales se enmarcan en tres grandes ejes: el impacto en los ecosistemas marinos, el debilitamiento de la soberanía sobre las aguas nacionales y la falta de controles efectivos sobre las actividades de esta tan cuestionada flota.
Luis Torregiani, biólogo marino y especialista en el Atlántico Sur, manifestó: «Estamos hablando de una de las flotas más grandes y agresivas del mundo en términos de impacto ambiental. Su modelo de pesca de ultra distancia no solo genera vacíos ecológicos en las poblaciones de calamar, sino que además afecta directamente la biodiversidad marina al no respetar ciclos biológicos ni restricciones normativas». Según el biólogo, la colaboración de la provincia con esta flota podría legitimar prácticas que desde hace años han sido denunciadas como depredadoras, sin que existan garantías claras de supervisión.
Por otra parte, referentes de la oposición política han señalado que el acuerdo podría ser interpretado como un acto de «entrega de recursos naturales estratégicos». El senador nacional Julián Suárez remarcó: «Este convenio no solo compromete la sustentabilidad ambiental de las especies marinas, sino que también pone en jaque la soberanía del país sobre el control de sus recursos. Las iniciativas de inversión extranjera son bienvenidas, pero no al costo de ceder espacio a flotas que tienen un historial comprobado de incumplimientos de la normativa internacional».
Cabe destacar que esta no es la primera vez que sectores privados chinos intentan consolidarse en la Patagonia con proyectos relacionados con la pesca. Durante la gestión de Alicia Kirchner en Santa Cruz, Hongdong Fisheries había explorado la posibilidad de construir un astillero en Comodoro Rivadavia, aunque la fuerte resistencia social y política terminó por detener ese proyecto en 2021. Sin embargo, con el nuevo gobierno de Vidal, parece haberse abierto nuevamente una puerta para dichas iniciativas.
El rol geopolítico del Atlántico Sur
El Atlántico Sur, y especialmente las aguas circundantes a la Argentina, han ganado cada vez más relevancia en términos económicos, estratégicos y geopolíticos. La presencia de flotas extranjeras –particularmente de China– en las cercanías de la Zona Económica Exclusiva Argentina no solo genera tensiones en torno a la sostenibilidad de los recursos marinos, sino que también ha despertado preocupación sobre la intención de estas naciones de fortalecer su influencia en la región.
En este contexto, resulta imposible desvincular el acuerdo pesquero de Santa Cruz del resto de la relación estratégica que el gobierno provincial parece haber consolidado con China en otros proyectos, como la reactivación de las represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz. Algunos analistas sugieren que ambas negociaciones están interconectadas, y que la apertura de los puertos pesqueros habría funcionado como moneda de negociación en este complejo entramado político y económico.
Futuro incierto para los recursos marítimos y la economía local
Aunque los defensores del acuerdo destacan que el convenio podría generar empleo y modernización portuaria en Santa Cruz, los críticos insisten en que los costos ambientales y soberanos podrían superar con creces a los beneficios económicos. La falta de transparencia en los términos específicos del pacto con Hongdong Fisheries es otro aspecto que suscita inquietud. Según distintos analistas, ante el crecimiento exponencial de la pesca industrial y las débiles políticas de protección ambiental en la región, el desafío será garantizar que los recursos marítimos argentinos no se agoten en el marco de acuerdos que prioricen intereses extranjeros.
El caso de Santa Cruz es, sin duda, un reflejo de las tensiones más amplias que enfrentan muchos países al intentar equilibrar la captación de inversiones internacionales con la urgencia de preservar sus ecosistemas y garantizar la soberanía sobre sus recursos naturales. El tiempo dirá si este acuerdo se traducirá en beneficios genuinos para el desarrollo de la región, o si, por el contrario, pasará a engrosar la lista de decisiones políticas que hipotecaron el futuro de sus recursos.
Referencias: Gobierno de Santa Cruz, Pescare
