En el complejo panorama del derecho internacional marítimo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) emerge como un instrumento jurídico revolucionario que ha transformado radicalmente la comprensión y regulación de los espacios oceánicos globales.
En el vasto entramado de las relaciones internacionales, el mar ha sido históricamente un espacio de desafíos, cooperación y conflictos. Ante ello, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), también conocida por sus siglas en inglés UNCLOS, constituye uno de los tratados más trascendentales de la historia moderna en materia de gobernanza marítima. Este acuerdo multilateral, que entró en vigor en 1994, se alza como el marco jurídico que regula, de manera integral, los derechos, responsabilidades y actividades en los océanos y sus recursos.
Redactada durante la emblemática Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1973-1982), la Convención se forjó a partir de la necesidad urgente de establecer un equilibrio frente a los problemas contemporáneos asociados a la explotación desmedida de los recursos marítimos, las disputas territoriales y la falta de protección ambiental en los espacios oceánicos. Desde su ratificación, este instrumento legal no solo ha garantizado el orden en los mares, sino que también ha establecido las bases para un desarrollo sostenible de los recursos extrapolados del entorno marino.
Estructura y Alcance del Tratado
La CONVEMAR es un extenso y minucioso documento compuesto por 17 partes, 320 artículos y 9 anexos. Aunque producto de una singular colaboración internacional, sus disposiciones poseen fuerza vinculante entre los Estados parte y han convertido al tratado en una verdadera «Constitución de los océanos». Su contenido se extiende desde la regulación del mar territorial hasta la preservación del medio marino, incorporando cuestiones de soberanía, jurisdicción, exploración y explotación de recursos, entre otros temas esenciales.
Entre sus disposiciones más relevantes se encuentra la delimitación de zonas marítimas, cada una con derechos y obligaciones específicas asignadas a los Estados ribereños. Así, la Convención define el mar territorial como aquel que se extiende hasta 12 millas náuticas desde las costas de un Estado, dotándolo de soberanía plena sobre esta franja marítima, así como sobre su lecho marino, el subsuelo y el espacio aéreo suprayacente. Asimismo, introduce la Zona Económica Exclusiva (ZEE), un espacio marítimo extendido hasta 200 millas náuticas, donde los Estados poseen derechos soberanos exclusivos para la exploración, conservación y explotación de los recursos naturales vivos y no vivos, incluyendo los presentes en el lecho y subsuelo marino.
Además, la Convención aborda la plataforma continental, definida como la prolongación natural de la tierra bajo el agua, que puede extenderse más allá de las 200 millas, dependiendo de criterios geológicos y delimitaciones específicas. Este apartado, recogido en el artículo 76, ha sido determinante en controversias internacionales relacionadas con la delimitación de espacios marítimos en regiones geográficamente complejas.
Protección del Patrimonio Común de la Humanidad
Uno de los principios más innovadores de la Convención es el reconocimiento de los fondos marinos y oceánicos que se encuentran más allá de las jurisdicciones nacionales como «patrimonio común de la humanidad». Esta disposición, consolidada en la Parte XI del tratado, destaca la exclusividad de su explotación a través de mecanismos internacionales en beneficio de todos los Estados, incluidos los que no poseen acceso directo al mar. Para gestionar dicho patrimonio y garantizar una distribución equitativa de los beneficios derivados de su explotación, se creó la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), una institución clave en la implementación de este aspecto del tratado.
Sin embargo, la conceptualización de los «fondos marinos» como un bien comunitario no ha estado exenta de impugnaciones. La resistencia de potencias como Estados Unidos, que hasta el día de hoy no ha ratificado la Convención, se centra precisamente en los principios redistributivos expuestos en estas disposiciones. Washington argumenta que el sistema de regulación aplicable a los minerales del lecho marino limita la autonomía de los Estados para decidir sobre el aprovechamiento de sus recursos.
Compromisos Ambientales y la Sostenibilidad Oceánica
En un mundo cada vez más consciente de la necesidad de preservar los ecosistemas, la CONVEMAR se reafirma como un precursor en la protección del medio marino. El tratado establece obligaciones claras para prevenir, reducir y controlar la contaminación de los océanos, ya sea derivada de actividades humanas, desechos industriales o embarcaciones marítimas. Además, otorga especial énfasis a la protección de los recursos vivos frente a la pesca desmedida y la explotación excesiva de la biodiversidad que amenaza la salud del ecosistema marino global.
Más recientemente, en 2023, se adoptó un nuevo hito bajo el paraguas de la Convención: el Tratado sobre Alta Mar. Este acuerdo refleja un renovado compromiso internacional con la conservación de la vida marina en aguas internacionales y, entre sus disposiciones, incluye la creación de áreas marinas protegidas, así como el establecimiento de normativas más estrictas para evaluar el impacto ambiental de las actividades humanas en estas zonas. Con ello, se refuerza el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (ODS 14) de las Naciones Unidas, centrado en la conservación y el aprovechamiento sostenible de los océanos.
Desafíos y Futuro del Derecho Marítimo Internacional
Pese a sus avances, la Convención también enfrenta desafíos inherentes a su aplicación y al contexto geopolítico global. Las tensiones entre Estados sobre temas no resueltos de soberanía territorial, como ocurre en el Mar de China Meridional, así como la ausencia de ciertos actores clave, como Estados Unidos, plantean interrogantes sobre su aplicabilidad universal. Además, la explotación tecnológica avanzada de los océanos, desde la minería submarina hasta los cables de telecomunicaciones, genera exigencias de actualización para adecuar el tratado a las complejidades del siglo XXI.
Al mismo tiempo, el fortalecimiento de instituciones clave como la Organización Marítima Internacional (OMI), la Comisión Ballenera Internacional y la misma Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, continúa demostrando que la gobernanza marítima es una tarea colectiva y en evolución. Estas entidades desempeñan papeles fundamentales en la implementación efectiva de las disposiciones de la Convención y en la coordinación global frente a problemas emergentes.
En síntesis, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es mucho más que un acuerdo jurídico: representa la cristalización de décadas de esfuerzos por estructurar un orden marítimo internacional. Su impacto se percibe no solo en la protección y regulación de los recursos marinos, sino también en la prevención de conflictos, fomentando la cooperación multilateral en uno de los espacios más relevantes para la economía mundial y el equilibrio ecológico. Aunque no está exenta de controversias y desafíos, la CONVEMAR sigue siendo un bastión esencial para garantizar un uso justo, sostenible y en beneficio común de los océanos.
