El Gobierno nacional, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado se prepara para anunciar en los próximos días un decreto que afectará a el transporte marítimo del país, eliminando restricciones y abriendo el mercado a operadores internacionales.
Buenos Aires, Argentina – El Gobierno argentino apuesta por transformar el sector del transporte marítimo a través de un nuevo decreto que será oficializado en los próximos días. La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables, dirigida por Iñaki Arreseygor, promete ser uno de los cambios de mayor impacto en la logística y conectividad del país. Sin embargo, la iniciativa ya ha desatado un intenso debate público entre defensores y opositores, marcando una nueva página en la disputa por la soberanía marítima y las políticas laborales.
El objetivo del decreto es claro: reducir barreras burocráticas, abrir el mercado interno a actores internacionales y fomentar una mayor competitividad. Bajo este marco, se busca que buques y tripulaciones extranjeras puedan operar en el transporte marítimo nacional, eliminando la exclusividad que hasta ahora mantenía la Marina Mercante. Entre las principales novedades de la medida, destaca que las embarcaciones extranjeras podrán operar en el cabotaje nacional por un periodo de hasta 180 días, con posibilidad de renovación. Esta facilidad exime a los buques del registro obligatorio en Argentina, un cambio clave que rompe con las regulaciones tradicionales del sector.
Además, la contratación de tripulaciones extranjeras será permitida, siempre que se haya constatado la ausencia de personal argentino que cumpla con los requisitos específicos. En este sentido, las empresas tendrán una amplia libertad para negociar sus condiciones laborales, un punto que ya ha generado tensiones con los sindicatos marítimos, quienes advierten sobre el riesgo de desplazamiento laboral y una potencial erosión de salarios y derechos.
Uno de los ejes más controversiales del decreto es la posibilidad para los propietarios de buques registrados en el país de solicitar el cese provisional de bandera nacional. Esto permitirá que las embarcaciones puedan operar bajo banderas extranjeras sin que dicha decisión sea considerada como una exportación de activos. No obstante, se aplicará únicamente a buques con una antigüedad inferior a 20 años, dejando fuera de esta disposición a aquellas naves relacionadas con la industria pesquera. Este cambio busca atraer mayores inversiones en el transporte naval y reducir los costos asociados al registro nacional, pero también podría abrir la puerta a cambios sustanciales en la relación comercial entre actores locales e internacionales.
El decreto, además, establece que los buques extranjeros arrendados sin tripulantes recibirán un tratamiento equivalente al de bandera nacional, un beneficio que levanta debates en torno a su impacto en la competitividad y en la regulación laboral. Asimismo, la navegación marítima será declarada como un servicio esencial, lo que obligará, en situaciones de huelga, a garantizar un porcentaje mínimo de operatividad.
La reacción de los gremios marítimos no se ha hecho esperar. Desde diversos sectores sindicales se ha expresado una fuerte preocupación por las implicancias laborales del decreto. La flexibilización en la contratación de tripulaciones extranjeras y la ampliación de libertades para las empresas son vistas como una amenaza al empleo local, poniendo en riesgo la estabilidad y representatividad de la mano de obra argentina en la industria marítima.
Aunque el Gobierno afirma que las empresas deberán demostrar fehacientemente la falta de tripulantes nacionales calificados antes de recurrir a personal extranjero, los sindicatos advierten sobre la posibilidad de abusos en la aplicación de esta normativa. Por otro lado, el decreto también elimina las normativas que obligaban a las compañías a seguir las recomendaciones de las bolsas de trabajo sindicales, otorgándoles plena independencia en sus decisiones de contratación.
La reforma se proyecta con un alcance inicial de 10 años, permitiendo a empresas nacionales y extranjeras explotar los beneficios del decreto sin costos adicionales en caso de reingresar al sistema regulado. Desde la administración central, los funcionarios defienden la medida como una estrategia para aumentar la actividad económica, dinamizar el comercio marítimo y modernizar el sector, que históricamente ha enfrentado retos estructurales y burocráticos.
Sin embargo, los opositores señalan los riesgos que estas transformaciones podrían acarrear. Para las organizaciones gremiales, esta apuesta podría terminar en un desmantelamiento del empleo nacional en el sector y en una reducción de la competitividad de los agentes locales frente al ingreso de actores internacionales, quienes operarían bajo menos restricciones y costos más bajos.
El impacto de esta medida va más allá del ámbito marítimo. Con una economía necesitada de políticas regenerativas y en un momento donde se están desregulando sectores estratégicos, como el turismo en Parques Nacionales, el decreto se inscribe en una serie de decisiones que buscan ampliar la participación del capital extranjero en diversas áreas económicas.
La medida, sin embargo, no escapa al escrutinio político. Analistas destacan que esta liberalización del transporte marítimo vuelve a poner en el debate las tensiones entre apertura de mercados y protección del interés nacional, en un sector que históricamente ha sido visto como símbolo de soberanía y orgullo argentino.
Ante la inminente firma del decreto, quedan preguntas trascendentales sin respuesta: ¿logrará esta reforma cumplir su promesa de potenciar la economía y racionalizar costos? ¿O terminará acentuando las desigualdades y debilitando el tejido laboral local? A medida que el sector se prepara para adaptarse a nuevos paradigmas, el impacto social, político y económico de esta medida se convertirá en terreno de debate por años.
Referencias: TN